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 Fotograma de la entrevista en el programa El Objetivo, de la la Sexta TV

En el programa El Objetivo, el 06 de noviembre de 2024, a las 09:39 de la mañana, Ana Pastor, periodista del régimen, le echa un capote a la Sra. Alcaldesa de Catarroja y le ensalza que suspendiera las clases porque eso, seguramente, SALVÓ VIDAS. Y es cierto. Esa medida salvó vidas humanas. De lo cual se deduce que: 

1. No tenían consciencia de los riesgos propios.
2. Actuaron en conciencia de riesgos externos: precipitaciones en los municipios de la Ribera.
3. Como no convocaron el CECOPAL hasta dos semanas después, no pudieron activar el protocolo que se explicita en los planes de emergencia y eso condenó a 25 personas a la muerte.
   

Estaban tan confiados en su inoperancia que cándidamente, la alcaldesa se atreve a afirmar que "Yo estaba en el Ayuntamiento. acababa de mantener una reunión, (cuyo contenido oculta deliberadamente) cuando me llamaron para decirme que el barranco se estaba desbordando, y en 10 minutos el agua ya estaba en la parte más alta del municipio, que es donde está en el Ayuntamiento".

Les pilló a todos desprevenidos, sin saber lo que estaba pasando aguas arriba. Y lo peor, es que esto es un claro reconocimiento de que NO EJERCIERON SUS DEBERES. Pero las consecuencias las pagamos todos.

La juez de Catarroja

Atendiendo a lo indicado por la juez del juzgado de Catarroja que lleva el caso de la barrancada, ella cree “evidente” que las llamadas de Pradas apuntalan la negligencia del Gobierno de Mazón. Estaban todas las vías de información disponible, incluida de la CHJ, pese al "apagón" que denuncia la Generalitat. Lejos de reforzar su defensa, las llamadas y whatsapp presentados por los investigados acreditan la «evidente pasividad» con que la administración autonómica actuó ese día.

En el auto se indica que “Quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a 

1. Las llamadas del 112.
2. Las previsiones meteorológicas de la Aemet.
3. Las comunicaciones sobre el estado y el caudal de los barrancos, ya fuera a través de 
1. Correos electrónicos.
2. El SAIH, Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
3. Los medios de comunicación. 

Salvo el primer punto, se les podría imputar al ayuntamiento de Catarroja todos los demás y por las mismas razones que la juez imputa imprudencia temeraria al gobierno de la Generalitat, debería imputar también, coherentemente, el delito de homicidio imprudente a todo el equipo de gobierno del ayuntamiento de Catarroja y, por ende, a todos aquellos ayuntamientos que tampoco hicieron nada por evitar el desastre.

Parafraseando las declaraciones que la Sra. Juez hace del Presidente Mazón, se podría afirmar que la situación que mantenía el ayuntamiento parecía un lugar en el que :

1. Nadie poseyera teléfonos.
2. Los técnicos no les informaban o lo hacían mal.
3. Eran igualmente ajenos a las decisiones de instituciones de tanta relevancia como la Universitat de València que, con la misma información meteorológica de la que poseía la Administración autonómica, decidió salvaguardar a los alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo al que estaban expuestos.

El ayuntamiento no sólo no les debió de llamar sino que si lo hizo, posiblemente carecían de las competencias técnicas necesarias para poder tomar la decisión adecuada, vistas las consecuencias desastrosas que tuvimos que padecer en Catarroja.

El jefe del departamento de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Ángel Núñez Mora, que compareció como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra y el fiscal Cristóbal Melgarejo, responsables de la investigación judicial sobre la DANA del 29 de octubre de 2024, que se saldó con 228 víctimas mortales. 

La AEMET activó el aviso rojo por lluvias en tres cuartas partes de la provincia de Valencia a primera hora de la mañana, siendo el primer aviso de este tipo en todo el año. El meteorólogo indicó que la situación podía producirse en dos o tres horas.

Las cifras ofrecidas por Mazón solo podían provenir del sistema automático de información hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y eran “muy altas”. Esta información estaba accesible para todo el mundo, incluyendo a la alcaldesa de Catarroja y a mi vecino del quinto; que ahora ya conocemos que ambos no sabían ni que existía este sistema y mucho menos, consultaron.

Había indicios claros de que la situación era muy grave: pueblos inundados y médicos que no podían llegar a algunas zonas. La gravedad de la situación ya era evidente antes del mediodía. Los testigos visuales y las imágenes televisivas lo confirmaban. 

Justo Herrera, coordinador del Comité de Emergencias de la UV y vicerrector de Economía e Infraestructuras de la Universitat de València informa que disponía de la misma información de la que podría disponer cualquier institución que se mantuviese atenta a los avisos de los organismos públicos.

La UV asegura que manejaba la información pública que generaban las “instituciones competentes en las materias objeto de la emergencia” y cita explícitamente a los avisos de la Aemet y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana.

Si tan sólo hubieran seguido los mismos protocolos que siguieron los de la UV o al menos hubieran llamado a rectorado de la UV para preguntar por qué había realizado esas acciones preventivas, seguramente no habrían sido tan numerosas las muertes en Catarroja.

Y las decisiones de la UV, sí que se hicieron públicas por los medios de comunicación y eran conocidas de todos. 

Si yo fuera un familiar de una víctima mortal de la barrancada, me estaría planeando iniciar una denuncia por homicidio imprudente ya que las muertes de 25 personas en este pueblo se han producido, no por la intención deliberada de matar a esas víctimas por parte del consistorio, sino como resultado de una conducta negligente e imprudente de la alcaldesa y del resto de equipo de gobierno.

Dada la sospechosa inacción que presentan las asociaciones de víctimas de la barrancada en este punto, tal vez sería el momento en el que las víctimas deberían agruparse en asociaciones por pueblos e iniciar las acciones legales que consideraran pertinentes contra sus alcaldes y alcaldesas que no estuvieron a la altura de las circunstancias en esos decisivos momentos.